El Mundo

El Proyecto Gran Simio ha lanzado un SOS para buscar un lugar de acogida para cinco osos pardos y dos chimpancés, procedentes del zoológico de Almendralejo, Badajoz, clausurado por la Junta de Extremadura por las malas condiciones en que vivían los animales.

El resto de los ejemplares han sido vendidos, pero los citados podrían ser sacrificados, tras conseguir el permiso para ello, ante la inminente entrega al nuevo propietario de los terrenos donde se ubican las jaulas del zoo clausurado.

Tanto el Proyecto Gran Simio como el ex propietario del zoo y dueño de los animales han buscado infructuosamente un lugar adecuado dónde llevar los dos chimpancés y los osos pardos. "En el parque Cabarceno, de Santander, me dijeron que ya tienen muchos osos y no pueden aceptar más", señaló telefónicamente a EL MUNDO José Luis Rodríguez, ex propietario del zoo extremeño.

"Los chimpancés están fuertes como unos mulos y los osos en perfecto estado" añadió Rodríguez. Sus gestiones también han llegado al organismo oficial que expende los certificados de las especies en peligro de extinción, y a la Junta de Extremadura: "No me han contestado", señaló.

Pedro Pozas, del Proyecto Gran Simio (www.proyectogransimio.org), ha hecho gestiones en el Centro de Rescate de Primates Rainfer, que tiene 14 chimpancés y casi 200 ejemplares de monos, pero sin resultados.

El director de este centro, Guillermo Bustelo, confirmó a este medio las gestiones, pero confirmó que le era imposible hacerse cargo de los dos chimpancés: "Los conozco y tienen mucha fuerza. Tendría que reforzar las instalaciones o de otra manera se escaparían. Y no tengo medios para acometer esas obras", declaró Bustelo. El primatólogo añadió que además los chimpancés "han sido maltratados y son agresivos".

Pedro Pozas asegura que la situación es de máxima urgencia, y que ya han conseguido aplazar una vez "la ejecución" de los animales a la espera de que alguna institución se haga cargo de ellos. "No podemos permitir que estos seres sintientes sean ejecutados sólo por ser un estorbo. Las administraciones tienen la responsabilidad de poner una solución que no sea la condena a muerte", concluye Pozas.